La polémica por la aprobación o rechazo de la Comisión Europea a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft está escribiendo estos días nuevos y apasionados capítulos.
Hace unos días Ricardo Cardoso, el subjefe de la Unidad Interinstitucional y de Alcance del organismo rector, tuiteó a principios de esta semana que "la Comisión está trabajando para garantizar que aún puedas jugar Call of Duty en otras consolas (incluida mi Playstation)”.
Unos comentarios que no gustaron nada a Microsoft y a muchos jugadores, que acusaron a la comisión de no ser imparciales, y más cuando la propia Xbox ha asegurado que la saga CoD seguirá jugándose en Playstation en el futuro.
La Comisión Europea aclara las palabras de Ricardo Cardoso ante las quejas de Microsoft
La Comisión Europea quiso aclarar que Ricardo Cardoso no está involucrado en el proceso en absoluto, ya que trabaja en la Dirección General de Mercado Interior y no en la Dirección General de Competencia, tal y como señalan en su comunicado.
El señor Cardoso no está involucrado en la evaluación de esta transacción. Además, como se indica claramente en su perfil de Twitter, tuitea a título personal.
El propio Cardoso aclaró en su cuenta de Twitter que no estaba involucrado en el proceso y que ni siquiera trabaja en el departamento encargado de controlar las fusiones, eran simplemente unos comentarios personales que no tienen nada que ver con una posición en la Comisión.
Una comisión que anunció hace poco una investigación en profundidad sobre la propuesta de compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft por valor de 68,7 mil millones, operación con dudas sobre la competencia en los mercados pese a que desde Microsoft están convencidos que no es así.
A la Comisión le preocupa que la adquisición propuesta pueda reducir la competencia en los mercados de distribución de videojuegos para consolas y computadoras personales (‘PC’s) y sistemas operativos para PC.
Aunque otros países ya se han mostrado a favor de la operación, como Brasil o Arabia Saudí, parece que ni Reino Unido ni Europa están todavía convencidos y han considerado pasar la investigación a una "Fase II" para tratar el asunto a fondo, con una decisión final que llegará antes del 1 de marzo de 2023.
